En julio de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el borrador de ley orgánica que regulará el derecho al secreto de los profesionales de la información y de los medios de comunicación.
Con esta norma, el Ejecutivo nacional busca dar seguridad jurídica al secreto profesional de los periodistas amparado en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española, que especifica el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.
Durante la presentación del texto, el Gobierno destacó que el objetivo es fortalecer la libertad de prensa y la democracia. Sin embargo, la norma llega casi medio siglo después de aprobarse la carta magna. ¿Puede que la decisión de ponerla ahora en marcha derive de las diferentes iniciativas europeas encaminadas a reforzar la protección de este derecho? Es el caso del Plan de Acción para la Democracia Europea de 2020 de la Comisión Europea o el Reglamento (UE) 2024/1083, de 11 de abril de 2024 (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación), texto vinculante para los Estados miembros.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial emitió el pasado octubre un informe en el que critica el texto estatal. El CGPJ lamenta la debilidad del anteproyecto, su falta de claridad y una protección más débil del derecho que persigue defender, incluso, que la prevista en el reglamento europeo mencionado. De hecho, el órgano de gobierno de los jueces explica que la norma comunitaria lo que persigue es que los Estados miembros activen leyes que refuercen la protección al secreto profesional de los periodistas. Algo que, según los magistrados, no logra la propuesta española.
Y todo ello a pesar de que el Gobierno mostró su satisfacción por haber desarrollado el texto en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE), la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), las Federaciones de Sindicatos de Periodistas y con la Federación de UGT y de Comisiones Obreras de periodistas.
En los últimos meses, a raíz del juicio al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, se ha escrito mucho sobre el secreto profesional de los periodistas, ya que en el proceso declararon como testigos media docena de informadores de diferentes medios de comunicación.
Entre tanto análisis, en este artículo que se vertebra a partir de declaraciones de diferentes expertos en Derecho Constitucional se deja entrever cómo el secreto profesional de los periodistas es un aspecto que puede preocupar a los protagonistas de ciertos procesos. No obstante, si el periodista ejerce como tal, la no revelación de sus fuentes está asegurada.
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